Evaluación, Rendición de cuentas y transparencia en el fortalecimiento democrático.
Mauricio Gutiérrez Cortés
Las políticas de rendición de cuentas, transparencia, y evaluación forman parte de la renovación de valores institucionales que han acompañado los procesos de transición democrática en México. Son resultado y parte de la necesaria transformación de los mecanismos en que se basa el ejercicio del poder y la autoridad, a fin de evidenciar su conducción y resultados como criterios para reafirmar su carácter y fin públicos. En nuestro entorno institucional, se han generado sistemas que ahora regulan la responsabilidad sobre el uso de recursos públicos y sobre los actos de autoridad desempeñados por funcionarios de todo órgano del Estado.
Aunque interrelacionados dada su trascendencia en el fortalecimiento democrático, cada uno corresponde a hechos legales y técnicos diferenciados que es importante señalar. De manera breve, hablamos del sistema de rendición de cuentas como el conjunto de normas que definen actos y procedimientos de control entre cualquier órgano del Estado que se le reconozca obligaciones de informar, explicar y justificar sus actos, y otro órgano igualmente del Estado que cuente con facultades para analizar dichas acciones, calificarlas y determinar su concordancia con la Constitución. Esto con el propósito de resguardar el respeto al orden jurídico, constitucional y del cumplimiento de derechos. Uno de los principales procedimientos de este sistema se refiere al control de los recursos públicos, otro al control de ejercicio de competencias. En este caso, ofrece elementos para promover mejoras en el funcionamiento de los órganos del Estado derivados de las sanciones previstas como parte de sus instrumentos de control. Podríamos decir que se orientan a mejorar la eficiencia y eficacia de dichas acciones, al tiempo que buscan atender derechos y principios constitucionales.
Por otro lado, el entramado institucional de un sistema de transparencia se asienta en el resultado de intensos procesos políticos que redefinieron la estructura del sistema político. Estos, dieron como resultado el reconocimiento de la obligación del Estado de documentar y publicar el ejercicio de competencias de cualquier acto de autoridad. Con ello se busca reafirmar su sentido público, redefiniéndose, a decir de Castoriadis ( ), en la medida en que se invierte la relación con la sociedad, recuperando su sentido político original siendo ésta constituyente e instituyente de aquél. Así, hablamos de garantizar la disponibilidad de información a fin de garantizar el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido, como lo es el derecho de acceso a la información. Lo cual se encuentra garantizado por procedimientos de generación, administración y publicación de información recurribles ante el órgano competente.
Acompañando estos procesos, se distingue que su alcance, no sólo refiere al marco normativo que los regula, sino también la transformación de la acción ejecutiva de los órganos del Estado. En este caso, orientándola hacia la optimización de los recursos, la búsqueda de una mayor participación ciudadana, enfocándola cada vez más hacia la generación y evidencia de los resultados de sus acciones en la transformación o impacto en beneficio de la sociedad. Con ello, la obligación de evaluar los resultados que se ofrecen en el ejercicio de sus atribuciones, obligaciones y competencias. Para lo cual, se ha ido generando también un entramado institucional, normativo, asentado en principios constitucionales. Podemos señalar que la visión y objetivos de la evaluación han pasado de estar centrados principalmente en la generación de mecanismos de control de los recursos y de la norma, acompasado con instrumentos de rendición de cuentas; hacia una práctica mediante la cual se puede desarrollar capacidades analíticas en las agencias, proveer información sobre el desempeño de los programas y establecer formas de corrección de los mismos, añadiendo información para mejorar la acción pública. Originalmente vinculada a la planeación, programación y presupuesto del gasto público, hoy se busca que, basada en evidencia, la evaluación permita contribuir a la mejora de las capacidades institucionales de los órganos del Estado, frente a una impronta responsabilidad pública.
Así, en un contexto de fortalecimiento democrático y frente a un entorno de desconfianza, demandas insatisfechas y resultados cuestionados por distintos, es necesario generar instrumentos que permitan enfrentar estos nuevos retos. La evaluación, no sólo se refiere a la medición de resultados, sino en palabras de Carol Weis (1998. 4) es la evaluación sistemática de la operación y/o de los resultados de un programa, comparando un conjunto de estándares explícitos o implícitos, un medio para contribuir a la mejora del programa o política. Es posible convertir la evaluación en un instrumento de mejora, no sólo de medición de eficacia y eficiencia, que aporte evidencia útil a los procesos políticos y administrativos, fortaleciendo su responsabilidad social.
